Nueva ley de Transparencia

Pedro Anguita, abogado:

"Paradojalmente el Congreso Nacional y el Poder Judicial están fuera de la ley de acceso a la información"

Pedro Anguita, experto en Derecho a la Información, asistió a la Universidad Alberto Hurtado para hablar sobre la Ley De Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (Ley Nº 20.285) que comenzó a regir en Chile el 20 de abril de este año. Una iniciativa de este tipo debería elevar en alguna medida el actuar de las autoridades, pero también es fundamental que la nueva ley sea un instrumento que ayude a cambiar el modelo cultural chileno. "Nuestro país es bastante secreto, bastante opaco, y eso no solamente respecto a las instituciones públicas sino también al actuar que tenemos como sociedad", dice Anguita.

Una vez en democracia lo que movilizó a la sociedad chilena -con todo derecho- fue investigar las múltiples formas en que se violaron los Derechos Humanos durante 17 años, y por eso al principio temas como el acceso a la información pública brillaron por su ausencia. Nada se supo de las privatizaciones de empresas estatales y menos de los gastos reservados que abultaron las cuentas de Pinochet, perdón, Daniel López. "Fue un asunto que nadie ha escarbado, salvo las crónicas periodísticas con muy pocos documentos, porque cuando los militares abandonan La Moneda la Lucía Pinochet se llevó hasta los azulejos del baño", dice Anguita.

Pero Frei Ruiz-Tagle -debido a hechos de corrupción en el gobierno de Aylwin- crea la Comisión de Ética Pública. Lo anterior deviene en la incorporación de dos artículos a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado de 1986 (Nº 18.575), los que determinan normas respecto de la probidad y acceso a la información de la administración pública. Esta primera experiencia ocurre en 1999 y termina desvirtuándose, entre otras cosas, porque la ciudadanía no sabía nada del tema, y porque las instituciones se acogían a estatutos como las causales de excepciones para no entregar información (todo era reservado o secreto).

Con una ley que era letra muerta, el año 2005 los senadores Jaime Gazmuri (PS) y Hernán Larraín (UDI) presentan un proyecto para reformarla. Y para que se convirtiera en ley en 2008 fue decisivo que Michelle Bachelet le diera carácter de urgencia."Debo reconocer que la Presidenta de la República fue bastante valiente de haberle dado impulso a esta ley y haberla sacado pocos meses antes de dejar el gobierno", dice Anguita. La nueva ley es autónoma y cuenta con un conjunto de principios que la anterior no tenía, como el de transparencia activa (publicar en los sitios web de cada repartición), el de gratuidad de la información y el hecho de que no se debe expresar ningún motivo por el cual la persona quiere tener acceso a ésta. Hoy, todo documento en posesión de una institución estatal se presume como público, además de los marcos reguladores, la función de cada trabajador, los sueldos, los contratos, etc. Y cuenta con instancias como el Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones al momento de resolver demandas respecto del tema.

Con más o menos rigor, cada administración pública dio a conocer sus documentos. Así se supo, por ejemplo, de anomalías como que en el Estado hay más gente que trabaja a honorarios que contratada, o que hay una cantidad de asesores que no se sabe lo que hacen y que reciben sueldos millonarios. Con toda razón se produjo revuelo político, y de ahora en adelante los medios de comunicación tienen un deber aun mayor con la sociedad. "Dentro del rol de futuros periodistas van a poder investigar y cubrir escándalos, corrupciones e ilicitudes que es necesario que vean la luz", dijo Pedro Anguita.

Es un hecho que la democracia en Chile deja bastante que desear, y que casi 30 años de una Constitución redactada en dictadura -y refrendada por la Concertación- no ayuda en nada a la calidad de la vida política, ya que esta se agota en el ejercicio del voto cada ciertos años. Por eso esta ley se erige como una especie de respiro, porque al menos hoy todos podemos tener información que nos permita fiscalizar a las autoridades y obligarlas a rendirnos un mínimo de cuentas. Debemos preguntarnos si es razonable o no lo que sucede en las reparticiones públicas, y desde ahí construir algo mejor. "Esta ley debería ayudar a racionalizar este país y hacer un país más justo, en el cual todo lo que se decida a nivel gubernamental sea con base a criterios no de preferencia política, de vinculación, de nepotismo, clientelismo, etc.", dice el abogado.